La gestión sostenible de los bosques requiere acuerdos jurídicamente vinculantes combinados con recursos financieros para el personal y la recopilación de datos, apoyados con estructuras sólidas para hacer cumplir las medidas jurídicas más allá de la duración de un solo ciclo político. En este sentido, las instituciones relacionadas con el sector forestal provistas de mandatos claros pueden facilitar la tarea de garantizar la sostenibilidad de un sistema nacional de monitoreo forestal (SNMF), aumentar la transparencia de los datos forestales, mejorar el acceso a los recursos financieros, incluidos los pagos de REDD+ basados en resultados, y orientar adecuadamente los procesos de toma de decisiones para reducir la deforestación y la degradación.